El 18 de septiembre entrará en vigor la nueva regla de carga pública anunciada por la administración del presidente Donald Trump. La medida, publicada oficialmente el 20 de julio en el Registro Federal, otorgará a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para evaluar si una persona que solicita la residencia permanente (green card) podría convertirse en una carga para la sociedad.
La nueva disposición se aplicará a las solicitudes de admisión a Estados Unidos y a los trámites de ajuste de estatus para obtener la residencia permanente presentados a partir del 18 de septiembre. Los beneficios públicos recibidos antes de esa fecha seguirán evaluándose bajo la regla de carga pública vigente desde 2022, aprobada durante la administración de Joe Biden.
«La administración eliminó, en esencia, la regulación anterior y la reemplazó sin establecer un nuevo texto normativo», explicó Kate Woomer-Deters, abogada sénior del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados del NC Justice Center.
Según la abogada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorgará a los oficiales de inmigración mayor discrecionalidad para determinar si una persona que solicita la residencia permanente puede considerarse una carga pública.
¿A quiénes afecta?
La nueva disposición afecta principalmente a las personas que solicitan la residencia permanente por una petición familiar y, en algunos casos, a residentes permanentes que permanecen fuera de Estados Unidos por más de 180 días y deben solicitar nuevamente su admisión al país.
Según explicó a Enlace Latino NC Adriana Cadena, directora ejecutiva de Protecting Immigrant Families (PIF), la regla no modifica los criterios para la mayoría de las personas inmigrantes.
«No se aplica a personas que son ciudadanos estadounidenses o que ya tienen su tarjeta verde. No se aplica a los solicitantes ni a quienes han recibido el TPS, visa U o T, asilo o estatus de refugiado, o estatus de inmigrante juvenil especial», señaló.
Cadena agregó que tampoco se aplica a las personas que actualmente no tienen una vía para obtener la residencia permanente o que no planean solicitarla en el futuro.
Por su parte, Woomer-Deters recordó que quienes solicitan un estatus migratorio humanitario o buscan obtener la residencia permanente a través del asilo, el refugio, las visas T o U, la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) o el programa para Menores Inmigrantes Especiales (Special Immigrant Juveniles) continúan exentos de la prueba de carga pública.
Estas personas pueden seguir accediendo a los beneficios públicos para los que califican sin que ello afecte sus procesos migratorios.
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¿Qué beneficios podrían considerarse?
Aunque muchas personas que solicitan un ajuste de estatus nunca han sido elegibles para la mayoría de los beneficios públicos federales, la nueva regla permite que USCIS considere, cuando corresponda, el uso de determinados beneficios sujetos a verificación de recursos económicos como parte de la evaluación de carga pública.
Sin embargo, ese no será el único criterio. Los funcionarios también analizarán factores como la edad, el estado de salud, la situación familiar, los ingresos, el patrimonio, el nivel educativo, las habilidades laborales y el respaldo económico del patrocinador antes de decidir si aprueban o niegan la solicitud.
«La nueva ‘no regla’ no tomará en cuenta los beneficios públicos que una persona haya recibido antes de mediados de septiembre de 2026», afirmó Woomer-Deters.
«Las declaraciones del DHS sobre la ‘no regla’ indican que solo se considerarán los beneficios sujetos a verificación de recursos económicos (means-tested benefits)», agregó.
La abogada explicó que, según el DHS, beneficios como el seguro por desempleo, la jubilación, la discapacidad del Seguro Social y los beneficios para veteranos no serán considerados durante la evaluación.
Sin embargo, advirtió que estas aclaraciones no forman parte de una regulación formal, sino únicamente de declaraciones emitidas por la agencia, lo que genera incertidumbre sobre cómo será aplicada la nueva política.
¿Impacto para las familias inmigrantes que están considerando solicitar la residencia permanente?
Para Adriana Cadena, la principal preocupación no es solo el contenido de la nueva política, sino la incertidumbre que genera entre las familias inmigrantes.
«Es posible que esta política vaya a dificultar el proceso de solicitar la residencia permanente para muchas familias», dijo.
La directora ejecutiva de PIF recomendó consultar con un abogado de inmigración antes de presentar una solicitud de residencia permanente o de salir del país por un periodo prolongado.
También calificó la política como «confusa y preocupante».
«Primero, eviten los rumores y busquen los hechos. Las organizaciones comunitarias de confianza son buenas fuentes de información actualizada. En esta situación, la información es poder», afirmó.
«Y segundo, alcen la voz si pueden. Esta política es injusta y peligrosa. Nuestros líderes deben saber que tienen que actuar para proteger a nuestra comunidad», agregó.
Cadena recordó que la política de carga pública impulsada durante el primer mandato de Trump fue posteriormente frenada por los tribunales, por lo que recomendó mantenerse en contacto con organizaciones comunitarias de confianza para recibir información actualizada si la situación vuelve a cambiar.
«Cuando Trump modificó la política de «carga pública» durante la pandemia, los tribunales lo frenaron en poco más de un año», recordó Cadena.
En ese contexto, señaló que mantenerse en contacto con organizaciones comunitarias de confianza es fundamental para recibir información actualizada en caso de que la política vuelva a cambiar.
«Si te mantienes en contacto con organizaciones comunitarias, podrás recibir actualizaciones si la política cambia», expresó.
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¿Qué es la carga pública?
La carga pública es un criterio que utilizan las autoridades migratorias para determinar si una persona que solicita la residencia permanente o la admisión a Estados Unidos probablemente dependerá del gobierno para cubrir sus necesidades básicas.
Para tomar esa decisión, los funcionarios evalúan el conjunto de las circunstancias del solicitante. Analizan factores como la edad, el estado de salud, la situación familiar, los ingresos, el patrimonio, la educación, las habilidades laborales y el apoyo económico ofrecido por el patrocinador.
Con la nueva política, también podrán considerar el uso de determinados beneficios públicos sujetos a verificación de recursos económicos cuando corresponda.
No obstante, haber recibido alguno de esos beneficios no implica automáticamente que una persona perderá la posibilidad de obtener la residencia permanente.
Debido a que estas normas son complejas y su aplicación aún genera dudas entre los especialistas, tanto el NC Justice Center como Protecting Immigrant Families recomiendan consultar con un abogado de inmigración antes de tomar decisiones relacionadas con beneficios públicos, viajes al extranjero o solicitudes de residencia permanente.
Imagen creada por ELNC con el uso de herramientas de inteligencia artificial basada en información del PIF
El efecto
Según Manatt Health, la política de carga pública implementada durante el primer mandato de Trump llevó a que hasta 26 millones de personas dejaran de solicitar beneficios públicos por temor a perjudicar un futuro trámite migratorio.
Aproximadamente la mitad eran ciudadanos estadounidenses, en su mayoría niños que vivían en familias de estatus migratorio mixto.
Organizaciones que trabajan con comunidades inmigrantes advierten que ese mismo efecto podría repetirse si las familias dejan de acceder a beneficios para los que sí califican por miedo a afectar una futura solicitud de residencia permanente.
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